Quito: demanda por alza en pasajes para personas con discapacidad

El Cabildo Cívico de Quito inició una demanda de inconstitucionalidad el 21 de septiembre de 2026 contra el incremento en el costo del pasaje urbano para personas con discapacidad. La tarifa, que actualmente es de USD 0,10, se elevará a USD 0,20 a partir del 1 de enero de 2027.

Representantes del colectivo, sus familiares y defensores de derechos humanos llegaron hasta la Corte Constitucional con carteles y en sillas de ruedas, manifestando su rechazo a pagar más por un servicio que, en muchos casos, no cumple con las condiciones mínimas de accesibilidad.

Rechazo a la eliminación de la tarifa preferencial

Rocío Bastidas, activista principal del colectivo, señaló que la tarifa reducida para personas con discapacidad fue eliminada el pasado 8 de septiembre luego que el Concejo Cantonal de Quito aprobara el ajuste general del pasaje, subiendo la tarifa para la mayoría de usuarios de USD 0,35 a USD 0,40.

Bastidas declaró: "Esta acción de inconstitucionalidad busca proteger a los más vulnerables, a quienes no cuentan con apoyo ni garantías para poder acceder plenamente al transporte público. No les permiten entrar ni bajar con facilidad; no hay condiciones." Estas declaraciones fueron ofrecidas frente a la Corte en la ciudad.

Evolución de tarifas y vulneración de derechos

El concejal Andrés Campaña recordó que Quito contó por más de 11 años con tres tarifas diferenciadas:

  • Tarifa universal: precio completo para usuarios generales.
  • Tarifa reducida: para personas adultas mayores, que pagan la mitad.
  • Tarifa preferencial: para personas con discapacidad, que en ese entonces pagaban USD 0,10.

Campaña enfatizó que este aumento afecta el principio constitucional de no regresividad en derechos, ya que vulnera los beneficios establecidos para grupos prioritarios.

Calidad del servicio y falta de accesibilidad

Más allá del alza económica, el colectivo insiste en la deficiente calidad y exclusión existente en el sistema de transporte de Quito. Oralia Freire, otra activista, manifestó: "El hecho de que un grupo prioritario tenga que afrontar un incremento del 100% en la tarifa genera un malestar profundo. Quito no es una ciudad inclusiva, ni su transporte lo es."

Freire añadió que además del aumento del costo, el sistema todavía carece de infraestructura adecuada para personas con discapacidad, además de la falta de inclusión y seguridad necesarias.

Normativas vigentes y subsidios

La ordenanza oficial que aprobó la suba del pasaje impone seis requisitos a los propietarios de buses, entre ellos la obligación de mejorar condiciones. Además, la Secretaría de Movilidad emitirá dos disposiciones adicionales para la regulación y supervisión del servicio.

El Municipio de Quito asumirá un subsidio aproximado de USD 23 millones para los transportistas en este proceso de ajuste tarifario.

Preguntas Frecuentes

¿Qué motivó la demanda de inconstitucionalidad?

El colectivo presentó la demanda porque el aumento de la tarifa para personas con discapacidad afecta sus derechos y no considera la falta de accesibilidad en el transporte público.

¿Cuándo comenzará a aplicarse la nueva tarifa?

A partir del 1 de enero de 2027, la tarifa para personas con discapacidad subirá de USD 0,10 a USD 0,20.

¿Qué tarifas existen en Quito para el transporte público?

Hay tres tipos de tarifa: universal para el público general, reducida para adultos mayores y preferencial para personas con discapacidad.

¿Qué medidas ha tomado el Municipio ante esta situación?

El Municipio aprobó la ordenanza del alza de pasajes, estableciendo requisitos para los transportistas, y asumirá un subsidio de USD 23 millones para apoyar el sistema.

¿Por qué es cuestionado el sistema de transporte capitalino?

Se considera que Quito no es una ciudad inclusiva, con problemas de accesibilidad y seguridad para personas con discapacidad.

¿Qué significa el principio de no regresividad?

Es un principio constitucional que impide que los derechos previamente adquiridos sean reducidos o eliminados, como el beneficio en tarifas para personas vulnerables.